Un empresario comentaba hace unas semanas los temores de un amigo dueño de un Tesla. "Está muy contento con el coche, pero explica que cuando se va el fin de semana a su casa del Empordà -a menos de 200 kilómetros de su domicilio en Barcelona- cada vez que se encuentra un embotellamiento en la carretera tiembla por si se quedará sin batería". Ese miedo puede parecer exagerado para los caros vehículos fabricados por la marca californiana, pero es generalizado entre los propietarios de vehículos eléctricos. Una encuesta elaborada por Electromaps y All Media Consulting confirmaba ese tipo de puntos débiles para el desarrollo del coche eléctrico en España: un 38% de propietarios de enchufables admitía que el primer reto que debe asumir la industria es la mejora de las baterías y el tercero (según un 18% de encuestados) se basaba en un incremento de los puntos de recarga en España.

Un estudio elaborado en junio pasado por la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (ACEA, por sus siglas en inglés) revelaba que España es el quinto país de la Unión Europea por puntos de recarga. Tenía entonces 4.974 nodos de conexión, el 4,2% del total de la red comunitaria y se situaba por detrás de Holanda, Alemania, Francia y Reino Unido. Esos cinco países acaparan el 80% de los 120.000 puntos de recarga públicos existentes en los Veintiocho. Según la patronal europea, se trata de una cifra que está muy lejos de los dos millones de puntos que se requerirán en 2025 para poder aproximarse a los objetivos de descarbonización del parque automovilístico marcados por el Parlamento europeo. En España circulan actualmente unos 40.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Coincidiendo con los nuevos objetivos marcados por Europa, las compañías energéticas españolas han lanzado planes para ampliar la red de recarga de vehículos eléctricos en los próximos años. Se trata de una batalla de intereses en la que convergen diferentes tipos de compañías con objetivos distintos. Fabricantes como Nissan (que ha anunciando la creación de 150 puntos) y Tesla están interesados en impulsar sus ventas. Los organismos con participación pública apuestan por una red eficiente en lo que respecta a la reducción de emisiones contaminantes. Las grandes cadenas de gasolineras deberían adaptarse a la reconversión del parque de vehículos cuando ocurra. Y las grandes eléctricas ven un incipiente modelo de negocio. Aelec (la hasta verano llamada Unesa) considera imprescindible su papel en la transición energética que se avecina: "La movilidad eléctrica va a requerir de una red suficiente de puntos de recarga, sin la cual sería imposible que el vehículo eléctrico llegase a constituirse como una alternativa viable y atractiva para el consumidor". Y Jacobo Porteiro, profesor de la Universidad de Vigo y presidente del comité de combustión de la Agencia Internacional de la Energía, considera que hasta ahora "el vehículo está yendo muy por delante de la infraestructura necesaria --puntos de recarga-- y quien las compañías que se pongan por delante tendrá una ventaja competitiva".

Todos esos intereses convergen, además, en la ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y que plantea la prohibición de la venta de vehículos que emiten dióxido de carbono a partir de 2040 y algunos elementos para hacerlo posible. Entre otros, obligar a los gestores de gasolineras con mayores ventas a que instalen puntos de recarga eléctrica para vehículos en un horizonte de dos años. Actualmente, según los datos de Electromaps, solo hay 155 puntos de recarga en las áreas de servicio existentes en territorio español.

Para anticiparse o acompasarse a los nuevos requerimientos del Gobierno, las principales eléctricas han lanzado sus planes coincidiendo con los últimos meses de 2018. Iberdrola plantea poner en marcha 400 puntos de recarga públicos hasta 2019 con una inversión de 100 millones de euros. Endesa --a través de su filial Endesa X-- sube su apuesta hasta los 2.000 puntos en el bienio 2019-20, que elevará hasta los 8.500 en el año 2023. Prevé destinar un total de 65 millones de euros. El objetivo: un punto de recarga cada 100 kilómetros.

El resto de eléctricas van más rezagadas: EDP ha centrado su estrategia en Asturias, donde ha implantado 52 puntos de recarga y espera alcanzar los 90 en España en los primeros meses de 2019 con la ampliación de la red por otras comunidades. Naturgy, la antigua Gas Natural, participa en un proyecto europeo (Cofast) para estandarizar estaciones de carga rápida. En un foro organizado por Nissan en octubre pasado, el comisario de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete aseguró que España necesitaría 220.000 puntos de recarga públicos para acometer los objetivos de reducción de emisiones en la Unión Europea.

La recarga in itinere es, hoy en día, residual. Ocho de cada diez veces que se recarga una batería de coche en España se hace en el hogar, según la encuesta confeccionada por Electromaps y All Media Consulting, entre otras cuestiones porque los recorridos medios que se afrontan son cortos: de entre 20 y 100 kilómetros. Y porque la ventaja competitiva del vehículo eléctrico se encuentra también en el coste de recargar una batería. Hacerlo con red propia y en horas de menor demanda de electricidad puede suponer un precio de medio euro por cada 100 kilómetros de recorrido, mientras que contratar un conector público puede encarecer ese coste hasta los cinco euros. Pero lo cierto es que dos terceras partes del parque español de vehículos duerme en la calle, por lo que será necesaria una infraestructura común.

Crear conexiones en los hogares es el otro negocio en el que quieren irrumpir las compañías eléctricas, que plantean desarrollar más de 125.000 conexiones en hogares y empresas hasta 2025, en paralelo al desarrollo de la venta de coches eléctricos e híbridos enchufables. Naturgy se ha centrado en esa posición, mientras que Iberdrola prevé alcanzar 25.000 puntos en 2025 (16.000 en hogares y 9.000 en empresas) y Endesa a alcanzar los 100.000 puntos privados. En esa línea, las directrices europeas acompañarán: la Comisión Europea obligará a poner puntos de conexión en todos los aparcamientos comunitarios construidos a partir de 2021."Un punto de recarga público no es rentable hoy y es difícil que lo sea a futuro si el modelo de negocio se basa exclusivamente en la venta de la recarga", aclara Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, quien continúa: "Para las compañías eléctricas, el incremento de ingresos que la recarga eléctrica genera, tanto por la actividad de la red de distribución como por la nueva demanda eléctrica a generar es muy reducido, por lo que hacen para ofrecer un producto de valor añadido, novedoso y con el que poder diferenciarse para captar a nuevos clientes y fidelizarlos".

La preferencia por los espacios privados puede ser uno de los motivos por los que las gasolineras aún no hayan realizado un potente plan para electrificar sus gasolineras. Repsol, la mayor petrolera española, tiene 30 puntos de recarga en sus estaciones de servicio y, pese a ello, es un nicho de mercado que conoce bien: hace casi diez años entró en el mercado con su desembarco en Ibil, el principal gestor de carga de vehículos eléctricos que desarrolló junto al Ente Vasco de la Energía (organismo público) y que controla 50 puntos de carga. Desde el pasado verano participa en una startup californiana denominada Ample, que está a las antípodas de los puntos de recarga: apuesta por un modelo automatizado para cambiar las baterías para no tener que los conductores no tengan que esperar a que se carguen.